Investiga PGJE Chiapas presuntos actos de extorsión en “El Amate”

Procuraduría-de-Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Derivado de trabajos de investigación y en atención a diversas denuncias enviadas al Centro Especializado de Denuncia Anónima Fuerza Ciudadana, la PGJE Chiapas ejercitó acción penal en contra de tres funcionarios de seguridad y tres reclusos del penal “El Amate”, quienes presuntamente participaban en la comisión del delito de Extorsión al interior del centro penitenciario.

La Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes informó que los imputados fueron consignados ante el Juez de la causa por los delitos de Extorsión, Delitos cometidos por servidores públicos durante la ejecución de la pena y Abuso de autoridad.

Las investigaciones iniciaron luego que el 2 de junio pasado se registró una riña al interior del penal donde resultó lesionado un interno por arma de fuego, misma que portaba Óscar Nucamendi Jiménez (a) “El cochero” quien también se encuentra recluido.

Las denuncias revelaron que los actos delictivos consistían en extorsionar a los internos de nuevo ingreso con cantidades que oscilaban entre los cinco y los 30 mil pesos, para que no fueran golpeados o pudieran ingresar artículos prohibidos como electrodomésticos.

De esta forma, el Fiscal del Ministerio Público en ejercicio de sus facultades constitucionales practicó las diligencias correspondientes para comprobar la probable responsabilidad de los inculpados.

Tras recabar el cúmulo de pruebas, la autoridad ministerial ejercitó acción penal ante el Juez Penal en contra de David Gerardo Cruz Hernández, Jefe de Seguridad y Custodio; y los Jefes de Guardia Pablo Mendoza Morales y Herman de Jesús Pérez Roque.

Además, en contra de Óscar Nucamendi Jiménez “El cochero”, Mauricio Álvarez Ruiz y Antonio Vázquez Balcázar, quienes se encuentran recluidos en el “El Amate” por la comisión de diversos delitos.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda el compromiso asumido con la ciudadanía de procurar una justicia integral y transparente, que no dé cabida a la impunidad ni a la corrupción.

Asimismo, la dependencia estatal enfatizó que continúan las investigaciones para determinar la probable participación de otros servidores públicos.

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